Declaran la quiebra de la constructora Márquez & Asociados
La firma está implicada en una millonaria estafa que afectó a más de 27.000 personas. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en un proceso judicial complejo.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la constructora Márquez & Asociados, empresa involucrada en una de las estafas inmobiliarias más grandes de la región. La decisión judicial, tomada por el juez Sergio Ruiz, llega tras un largo proceso de denuncias y causas civiles iniciadas contra la firma, que se encontraba en medio de investigaciones penales por una posible asociación ilícita que afectó a miles de personas.
La quiebra fue solicitada por un profesional con créditos impagos, pero el fallo abarca un universo mucho mayor, debido a la magnitud del fraude. Según fuentes judiciales, más de 27.000 personas resultaron damnificadas tras haber abonado por viviendas que nunca fueron entregadas. Solo se construyeron 2.500 unidades de las 30.000 vendidas por la empresa, lo que deja a una multitud de familias esperando por casas que jamás llegarán.
El proceso se considera “complejo” por el volumen de denuncias y la multiplicidad de afectados, que incluyen no solo a los compradores de viviendas, sino también a proveedores y trabajadores que no recibieron pagos. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025, en un proceso que se realizará de forma digital, conforme a las normativas del expediente electrónico judicial.
El juez también prohibió que terceros realicen pagos directamente a la empresa, pues estos serían considerados inválidos. Todos los pagos deberán efectuarse mediante un depósito a la cuenta judicial habilitada para tal fin. Además, se ordenó la inhibición general de los bienes de la firma, y se dispuso que la declaración de quiebra sea anotada en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público, lo que implica una severa limitación para cualquier intento de continuar con actividades fuera del marco legal.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el juez consideró esencial la participación del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Esto refleja la gravedad social y económica del caso, que afecta a miles de personas, muchas de las cuales han sido estafadas por una empresa que prometía viviendas accesibles, pero no cumplió con sus obligaciones.
En paralelo, la investigación penal sigue su curso y ya ha implicado a los principales responsables de la constructora: los hermanos Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel Márquez, quienes están imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. También fueron denunciadas las esposas de Ariel y Pablo Márquez como corresponsables.
Los afectados, que suman alrededor de 500 denuncias en la región, denuncian que fueron estafados al pagar por sus viviendas y no recibirlas, a pesar de los años transcurridos desde la firma de los contratos. Muchos de ellos, tanto de Córdoba como de otras provincias, esperan que la justicia actúe con la misma celeridad para garantizar que se repongan los fondos y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
