Crimen de Sebastián Villarreal: el fiscal pidió hasta 20 años y el caso entra en su tramo decisivo

En la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, integrada con jurados populares, se desarrolló este miércoles una audiencia clave en el juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal. A dos años del crimen que conmovió tanto a barrio Yofre Norte como a toda la ciudad capital, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra ratificó la acusación y solicitó penas de hasta 20 años de prisión para los tres adultos señalados como partícipes del hecho.

Villarreal, de 46 años, fue atacado en la madrugada del 29 de febrero de 2024, en la puerta de su vivienda. Según la investigación, fue interceptado por dos adolescentes que intentaron robarle su motocicleta. En ese contexto recibió un disparo que terminó con su vida. La escena, en una calle residencial del barrio, dejó una marca profunda en vecinos, familiares y amigos, que desde entonces sostienen el reclamo de justicia.

Los autores materiales fueron dos menores de edad. Uno de ellos, que tenía 17 años al momento del crimen, fue declarado por la Justicia Penal Juvenil responsable de homicidio criminis causae, en concurso real con robo calificado por el uso de arma y encubrimiento. Permanece alojado en el Complejo Esperanza. El segundo adolescente, de 14 años en ese momento, fue declarado inimputable por su edad.

El debate oral que se desarrolla ahora no juzga a quienes efectuaron el ataque directo, sino a tres mayores de edad acusados de haber participado en la planificación y facilitación del robo que terminó en homicidio. La hipótesis de la fiscalía sostiene que brindaron apoyo logístico esencial: la motocicleta utilizada para el asalto, municiones y otros medios que hicieron posible el hecho.

Durante su alegato, López Villagra sostuvo la imputación por homicidio en ocasión de robo. Para Axel Fabricio Escada solicitó 20 años de prisión como partícipe necesario; para Luciano Gonzalo Busto, 18 años en igual carácter; y para Héctor Alejandro “Lalo” Herrera, 12 años como partícipe secundario. La diferencia en la escala responde al grado de intervención atribuido a cada uno.

El fiscal remarcó ante el tribunal que no existen pruebas de que los imputados hayan ordenado matar a Villarreal, pero sí de que integraron el plan delictivo que derivó en su muerte. Según la acusación, se trató de un accionar coordinado en el que los adultos proveyeron los elementos indispensables para que los adolescentes ejecutaran el asalto.

La querella, representada por la abogada Graciela Taranto en nombre de la familia, acompañó la acusación y solicitó el máximo de la pena dentro de la escala legal. Para la familia, sin la intervención de los mayores el crimen no se habría concretado. En su planteo, puso especial énfasis en la utilización de menores para cometer delitos y en la responsabilidad que ello implica.

Por su parte, las defensas buscan desvincular a los acusados del desenlace fatal. Si bien en la causa hubo otros imputados por una serie de robos y delitos conexos que accedieron a juicios abreviados, este proceso oral se centra exclusivamente en la eventual participación de Escada, Busto y Herrera en el homicidio de Villarreal. Los tres negaron responsabilidad en el crimen.

Un capítulo relevante del alegato fiscal fue el pedido para que se continúe investigando la posible existencia de una asociación ilícita vinculada al caso. En ese marco, solicitó profundizar la pesquisa sobre un hombre apodado “La Morsa”, mencionado durante la instrucción como presunto “entregador” del robo, aunque no forma parte de este juicio. La querella también respaldó esa línea investigativa y reclamó que se amplíen responsabilidades si surgen nuevos elementos.

El juicio se encuentra ahora en su etapa final. Tras los alegatos de todas las partes, el tribunal fijó audiencia para el próximo viernes 13 de marzo, ocasión en la que se escuchará la última palabra de los imputados y posteriormente deberán deliberar junto a los jurados populares. Quizás ese mismo viernes se conozca el veredicto.

Para la familia de Sebastián Villarreal, cada audiencia es una instancia de memoria y de exposición pública de lo ocurrido. En la sala, el silencio suele imponerse cuando se recuerda aquella madrugada en Yofre Norte. La expectativa está puesta en la sentencia, que marcará el cierre de este tramo judicial y abrirá, eventualmente, nuevas instancias si la investigación sobre una posible asociación ilícita continúa su curso.

Mientras tanto, el caso vuelve a interpelar a la sociedad cordobesa sobre la violencia urbana, el uso de menores en hechos delictivos y las responsabilidades que se tejen detrás de un crimen que, más allá de las calificaciones legales, dejó una vida truncada y una familia atravesada por la ausencia.