Allanaron el Tribunal de Cuentas por la causa de los drones y crece la tensión con el Gobierno
La Justicia provincial secuestró documentación de la licitación por USD 6,8 millones para equipar a la Policía. Desde el organismo de control denunciaron una maniobra de presión política del Ejecutivo.
Un operativo judicial se desplegó este miércoles en la sede del Tribunal de Cuentas de Córdoba, en el marco de la investigación por la polémica licitación para la compra de drones destinados a la Policía provincial. La medida tuvo como objetivo secuestrar el expediente administrativo de la contratación, cuyo monto asciende a 6,8 millones de dólares, y profundizó el conflicto institucional entre el organismo de control y el Gobierno provincial.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II, Turno 7, a cargo de Tomás Casas, a partir de una denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La diligencia estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba.
La causa se centra en la licitación pública 04/2025, que había sido frenada por la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas. Los tribunos cuestionaron el proceso al advertir que se había realizado bajo la modalidad de “renglón único”, una condición que —según sostuvieron— dejó como única oferente a la UTE Vantac-Huinol SA, lo que motivó la suspensión de la compra.
Desde el Ejecutivo provincial consideraron que esa decisión excedió las atribuciones del organismo de control. En ese marco, Quinteros denunció al presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Gobierno sostiene que el Tribunal evaluó la “conveniencia” de la política pública, una facultad que, de acuerdo con la Ley Provincial 10.930, corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Tras el allanamiento, Corvalán denunció una avanzada política del gobernador Martín Llaryora y calificó el operativo como un intento de “amedrentamiento” institucional. Además, remarcó que los miembros del Tribunal de Cuentas cuentan con un estatus especial y que, por mandato constitucional, deben ser equiparados procesalmente a jueces de Cámara, por lo que, afirmó, solo una orden judicial directa podría habilitar un requerimiento de ese tipo.
El episodio suma un nuevo capítulo a la escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el órgano de control, en una disputa que combina cuestionamientos legales, acusaciones cruzadas y un fuerte trasfondo político.
