La Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada el pasado viernes 8 de agosto como parte de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, un caso que ya ha provocado al menos 76 muertes en el país. Durante el operativo, las autoridades secuestraron historias clínicas de los pacientes, con el fin de determinar si existen más casos no reportados de intoxicación con esta sustancia.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que se detectaran irregularidades en la notificación de los casos en la clínica. Aunque se reportaron solo cuatro casos, las autoridades descubrieron que se habrían utilizado un total de 1.693 ampollas de fentanilo contaminado. Sin embargo, la dirección del centro de salud no pudo justificar esta disparidad en las cifras, lo que derivó en el allanamiento.

El foco de la investigación radica en determinar si hubo más pacientes afectados de lo informado oficialmente. En particular, el caso de un bebé recién nacido que resultó intoxicado con fentanilo en esta misma clínica había generado alarma en las semanas previas, colocando a la institución en el centro de la polémica.

Por otro lado, el escándalo también ha trascendido a nivel político, con la diputada Silvana Giudici (PRO) denunciando que Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma involucrado en el caso, mantiene vínculos con sectores del kirchnerismo. Giudici aseguró que presentó en el Congreso varias solicitudes de investigación sin recibir respuesta, acusando complicidades entre los García Furfaro y figuras políticas como Lázaro Báez, Alicia Kirchner y Mario Ishii.

El caso sigue bajo investigación, con autoridades judiciales y sanitarias tratando de esclarecer la magnitud del problema y las posibles irregularidades en la distribución y administración de fentanilo en la región.