¿Qué impacto fiscal, productivo e inflacionario puede tener la eliminación de retenciones?
Las estimaciones más optimistas hablan de US$ 12 mil millones que restan liquidar de la última campaña, pero el Gobierno habilitó un máximo de US$ 7 mil millones sin derechos de exportación. Estiman que se cubrirán mucho antes del 31 de octubre, que es la fecha tope.
Por Gonzalo Dal Bianco
Durante los gobiernos kirchneristas se justificaba la existencia de las retenciones como un amortiguador necesario para garantizar la mesa de los argentinos y para redistribuir, con el Estado como protagonista, una renta “excesiva” de un sector productivo.
Concretamente, se las describía como un amortiguador de lo que pudiera ocurrir en los mercados mundiales, especialmente con el precio de las commodities. La explicación era simple: al valor internacional se le quitaba una porción que se quedaba el Estado a través de un impuesto y por lo tanto si había incrementos de esos productos en el mundo, aquí en parte se licuaba o no se copiaba plenamente el precio. Además, con lo recaudado, el Gobierno nacional exclusivamente decidía en qué, dónde y cuándo gastarlo o invertirlo. Bajo esa consigna se justificaron a lo largo de dos décadas, aun cuando durante todo ese tiempo el perjuicio sobre el sector productivo fue gigantesco, a tal punto que el volumen de granos y carne en el país se mantuvo casi sin cambios en ese período, mientras algunos competidores, como Brasil, explotó y se convirtió en líder mundial en la provisión de alimentos.
Lo cierto es que ese amortiguador de hecho funcionó, aún con esos perjuicios secundarios que terminaron generando un costo enorme al país en materia de divisas, inversiones, innovación y movimiento económico. Esa cifra puede ser incalculable. Pero volviendo a las góndolas, efectivamente se produjo un desacople pero que no sólo impactó en los consumidores, sino en otros sectores productivos. Por caso, al tener el precio interno del maíz mucho más barato que en otros mercados, permitió que sea mucha más competitiva la producción de carne en sus múltiples opciones (vacuna, porcina, aviar). También la producción de bioetanol, que de otro modo sería más costosa para las empresas. Es decir, en la distorsión que proponen las retenciones, hubo ganadores y perdedores.
Vale remarcar que ayer en la cadena de la carne, que también fue incluida con derechos de exportación cero, afirmaron que difícilmente esa quita momentánea se traslade al mostrador de las carnicerías, básicamente porque las ventas se vienen recuperando, pero el consumidor tiene le bolsillo muy ajustado y no convalidaría otro salto como el ocurrido entre febrero y marzo.
¿Qué pasa en un escenario de eliminación de ese impuesto de forma definitiva? Lo primero es que habría un reacomodo de precios/costos relativos. Sin dudas, en el caso del maíz, los que deciden agregarle valor encontrarían otros valores para iniciar el proceso. En la soja, un típico caso es el de los valores de alquileres, fijados en quintales de la oleaginosa. En este punto hay un sector al que habrá que prestarle mucha atención dentro del campo: los tambos. Buena parte de ellos están sobre campos alquilados y deben afrontar los arrendamientos en valor soja, que claramente se encarecerán en pesos. Por otro lado, lo mismo ocurrirá con el maíz, la base alimentaria de los rodeos lecheros. Es decir, si bien el sector está transitando un momento positivo en cuanto a su ecuación económica, de eliminarse las retenciones podría sufrir un deterioro. Los productores suelen recordar que las vacas comen dólares y producen pesos, y esa transformación no suele ser positiva durante largos períodos en Argentina.
En materia de producción de granos, la situación podría generar un impulso nunca antes visto. Es que la ecuación económica al retirarse las retenciones cambiaría drásticamente. El peso del actual sistema de derechos de exportación –que se suspende hasta el 31 de octubre- equivale a 100 dólares por tonelada de soja y a 20 dólares por tonelada de maíz. Ese sería el ingreso extra que tendría un productor que todavía conserva granos. Muchos, claramente liquidaron en el primer semestre por el incentivo que colocó el mismo Gobierno cuando decidió bajar las alícuotas de derechos de exportación entre fines de enero y el 30 de junio. En general, los pequeños y medianos productores tienen nada o muy poco de los granos a esta altura del año porque incluso los que guardaron algo después del 30 de junio, lo comercializaron en las últimas semanas para afrontar los costos de la campaña gruesa que ya se puso en marcha. Es que, las medidas coyunturales o de corto plazo como el dólar soja, el dólar agro, la baja temporaria o eliminación temporaria de retenciones, hace todo ese cuadro de ganadores y perdedores mucho más complejo. Se podría arriesgar que en general suelen obtener buenos réditos los más grandes y los sectores exportadores, que en muchos casos compraron granos con retenciones y ahora podrán comercializarlos libres de ese impuesto.
Pero lo cierto es que si la medida fuera definitiva, habría muchas zonas marginales del país que pasarían a tener una ecuación positiva y que podrían incorporarse al área agrícola activa. Hoy hay miles de hectáreas sin producción por inviabilidad económica, especialmente en provincias más alejadas de los puertos, donde incentivar la actividad agropecuaria podría ser una fuente de reactivación y generación de riqueza genuina. Ese mayor movimiento y producción podría, a su vez, generar nuevos ingresos por pago de otros impuestos a los distintos niveles del Estado. En este punto, debería haber muchos gobernadores de esas regiones interesados.
Sobre este último punto, el impacto fiscal de la medida temporaria de eliminación de retenciones dispuesta por la Nación, Nadin Argañaraz, del Iaraf, realizó un trabajo en el que muestra el costo para la Nación al dejar de percibir ese ingreso. Vale destacar que a lo largo de todo un año, las retenciones implican aproximadamente 1 punto del PBI.
Para computar el costo fiscal (pérdida de ingresos) de esta medida de 38 días, Argañaraz supone tres escenarios: 1) 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja, 2) 60% de maíz y 90% de soja y el 3) 80% del stock de maíz y 80% del de soja.
En términos del PBI, el costo directo va desde 0,25% del PBI hasta 0,28% del PBI. Para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del Impuesto a las Ganancias (porque los productores tendrían mayores ganancias de sus granos) y su distribución luego de coparticipación a Nación (aproximadamente un 8% de la reducción de derechos de exportación), se reduce el costo fiscal directo a 0,26% del PBI en el escenario 1, a 0,24% en el escenario 2 y a 0,23% en el escenario 3.
“Obviamente hay un desfasaje, teniendo en cuenta que el Impuesto a las Ganancias se tributa al año siguiente”, aclara el Iaraf.
En otro párrafo, Argañaraz destaca que “según nuestro análisis del flujo de recaudación de derechos de exportación de los últimos cuatro meses del año del Presupuesto 2026, la previsión de recaudación por derechos de exportación era inferior a la pérdida total, por lo tanto, el costo fiscal neto atribuible al 2025 es menor. Concretamente, según nuestros cálculos el costo fiscal directo imputable al año 2025 sería de 0,15% del PBI (aproximadamente US$1.000 millones) y el neto de recaudación del Impuesto a las Ganancias de 0,14% del PBI. Es decir, la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 de 0,3% del PBI”, remarca.
