En 2025, las universidades perderían otro 20% respecto a los giros actuales
Los rectores aseguran que el monto previsto en el presupuesto del año próximo será igual al de este mes multiplicado por los 13 períodos (computando aguinaldo). Si aplican la inflación estimada, los recursos caerían.
Por Gonzalo Dal Blanco
Los rectores aún no salen del asombro al repasar los números del presupuesto universitario del año que viene enviados por el gobierno de Javier Milei al Congreso. Y más aún si los comparan con los solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios nacionales. Como publicó Puntal ayer en su sitio web, las universidades recibirían la mitad de lo que pidieron, de acuerdo a la planilla presentada por el Gobierno. Habían pedido 7,2 billones de pesos y les fueron asignados 3,8 billones.
¿Cuánto es eso? Los rectores hacen una cuenta simple: toman el presupuesto de este mes de septiembre y lo multiplican por 13 y da el presupuesto 2025. Eso implica que prácticamente tendrán partidas congeladas para el año que viene respecto a los montos actuales, porque consideran en el cálculo los 12 meses del calendario más el aguinaldo.
Esto supone no sólo un congelamiento sobre los recursos, sino que a medida que avance el año los fondos irán perdiendo poder adquisitivo frente a una inflación estimada del 18,3% para 2025, según el mismo presupuesto. Habrá que agregarle además la suba que el IPC tenga en lo que resta del año y considerar que el cálculo de precios es el correcto. En ese sentido, ya hay un primer paso en falso: lo que esperaba el Gobierno de inflación de agosto no era 4,2% como finalmente informó el Indec, sino una cifra cercana al 3,5%. Para que el cálculo inflacionario del presupuesto para 2024 sea correcto y no quede viejo prematuramente debería darse un alza de precios del 1,4% en cada uno de los meses del último cuatrimestre. Algo que por ahora suena poco probable. De no alcanzarse esa meta, el deterioro de los fondos universitarios sería mayor.
Vale la pena destacar, además, que la situación actual arrastra una demanda del sistema enfocada especialmente en el aspecto salarial de los docentes y no docentes. Por lo cual, al extender los mismos fondos (sería con una leve suba en torno al 3 o 4 por ciento según el cálculo de los rectores) implica consolidar ese retraso, lo que despeja cualquier expectativa de recuperación en los ingresos de los trabajadores universitarios. Lo que se perdió, se perdió.
Tomando los valores que incluye la planilla de fondos para las universidades, dentro del proyecto de presupuesto nacional, se observa que en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los rectores le habían asignado unos 95,6 mil millones para el año próximo, pero se deberá conformar con 51 mil millones si prospera la iniciativa oficialista en el Congreso.
Con respecto a las otras casas de altos estudios radicadas en la provincia, el presupuesto presentado por el Gobierno en el Congreso establece una cifra de 243 mil millones para la Universidad Nacional de Córdoba y de $20.471 millones para la de Villa María.
En tanto, la flamante Universidad Nacional de Río Tercero tiene sólo asignados 800 millones de pesos, al igual que las otras tres recientemente creadas: Delta, Pilar y Ezeiza, pero que el Gobierno mantiene bajo la lupa y que en algún momento hasta intentó desactivar. Por el momento, al menos tienen un mínimo de partidas asignadas que las mantiene en vigencia.
Con esos recursos previstos, la UNRC queda en el 21° puesto en la distribución de recursos entre las 57 casas de altos estudios del país; la de Villa María, en el 41° y la de Córdoba, en el tercer lugar, detrás de la UBA ($657,9 mil millones), la de La Plata ($249,2 mil millones) y la Tecnológica ($259,4 mil millones).
Respecto a las partidas previstas para 2025 para las casas de altos estudios, el exministro de Educación Daniel Filmus remarcó ayer que “no se va a cumplir con el 0,2% del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6% del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”, reflexionó el exfuncionario nacional.
La otra pelea, por los fondos que aprobó el Congreso para recomponer ingresos en el cierre de este año
La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocará a un paro total el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, contra el veto presidencial que prometió Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra. La fecha de ambas acciones aún no fue oficializada pero es un hecho que sería en esas fechas.
El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia, investigación y extensión en las universidades para lo que resta de este año. Es una salida a la coyuntura mientras se espera el debate “de fondo” dentro del presupuesto 2025 que comenzará en pocos días más.
El impacto fiscal de la medida aprobada recientemente en el Congreso para reforzarles partidas a las universidades, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI.
