El haber mínimo cubre apenas el 30% de lo que requiere un jubilado
Ante la creciente inseguridad económica, muchos jubilados continúan trabajando en puestos de baja productividad, en “changas” y en actividades de mayor precariedad, advierten desde la Fundación Colsecor.
Los adultos mayores atraviesan un complejo escenario por la imposibilidad manifiesta de cubrir el mínimo de sus necesidades con los ingresos que perciben. Concretamente, un informe de la Fundación Colsecor advierte que la jubilación mínima que no llega a los 300 mil pesos más el bono congelado desde hace un año de $70 mil adicionales apenas representan el 30% de la canasta para una persona de la tercera edad.
El informe destaca que “las estadísticas sobre el envejecimiento poblacional en Argentina muestran que es un fenómeno en alza en las últimas décadas. Por lo tanto, construir políticas públicas estratégicas para acompañar esa tendencia demográfica debería ser una obligación y un desafío mayúsculo. Lamentablemente eso no ocurre: el escenario actual de las condiciones de vida de las personas mayores se destaca por el retroceso en derechos esenciales, el aumento de las desigualdades y los signos de ajuste desde el propio Estado hacia uno de los sectores más vulnerables”, remarca el trabajo.
Y agrega: “Las políticas públicas, a nivel nacional, suprimieron accesos y derechos fundamentales con consecuencias palpables: pérdida de poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, recortes en el acceso a la salud (que incluyen la quita de medicamentos muy consumidos por las personas mayores) y violencia institucional”.
Vale destacar que las personas mayores representan el 14% de la población argentina.
La Fundación remarca que “si había deudas con las personas mayores, en la actualidad hay un escenario de desprotección en todos los frentes”.
Luego detalla que según datos del Indec, en mayo de 2025 la jubilación mínima ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos, mientras que la canasta básica del jubilado -el monto estimado para cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte- se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril. “Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30% de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza”, puntualiza Consecor.
El problema de las bajas jubilaciones no es algo nuevo en el país, pero el trabajo destaca que quienes cobran la mínima han perdido ingresos equivalentes a 5 pensiones mínimas sólo en el primer año del actual gobierno.
Esta situación se traduce en múltiples estrategias de supervivencia. De acuerdo con un relevamiento reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, crece la cantidad de personas mayores que deben seguir trabajando en la informalidad o en tareas esporádicas para poder cubrir sus necesidades básicas. “Es decir, el mayor problema no es que sigan trabajando, sino que lo hagan en condiciones de precariedad; que no puedan jubilarse si es el deseo y necesidad de ese adulto mayor”, indica Colsecor.
Los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros dejan afuera a quienes continúan trabajando de modo informal. Según el informe, ese sector es el que creció, producto del desfasaje entre la canasta básica de un jubilado y lo que recibe como haber. Ante esa creciente inseguridad económica, continúan en puestos de baja productividad, en trabajos conocidos como “changas” y en actividades de mayor precariedad, como el sector de la limpieza. “La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.
Menos acceso a la salud
En un país donde 5,3 millones de jubilados y pensionados se atienden a través del PAMI, es decir, el 12% de la población argentina y el 60% de sus adultos mayores, “los recortes en medicamentos y prestaciones impactan directamente sobre la calidad de vida. En el último año, la obra social redujo la cobertura gratuita de más de 40 medicamentos esenciales. En paralelo, hubo un raid de aumentos en los precios, muy por encima de la inflación”, indicó el trabajo.
“Desde noviembre de 2023, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 237,1%. Pero sorprenden aún más los incrementos interanuales de algunos medicamentos muy consumidos: el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 52,3%.”, señalan desde CEPA en este informe, actualizado al mes de abril de 2025.
