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diciembre 27, 2024
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Votan Ficha Limpia en Córdoba y se amplía el alcance de la prohibición

Oficialismo y oposición consensuaron un proyecto que no sólo prohíbe las candidaturas para cargos selectivos, sino que además impide el ingreso de condenados por corrupción a todos los poderes del Estado.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y la de Legislación General avalaron el texto compatibilizado de tres proyectos de ley.

La Legislatura de Córdoba tratará mañana un proyecto consensuado de Ficha Limpia, que impedirá que ciudadanos con condenas firmes por corrupción puedan integrar las listas para ocupar cargos electivos. Pero, además, la novedad es que la prohibición alcanzará no sólo a los cargos en el Ejecutivo, sino también al Poder Judicial y a los municipios.

Así se consensuó entre el oficialismo, que había presentado dos proyectos de Ficha Limpia, y el radicalismo, que impulsa una iniciativa de Brenda Austin.

El texto que se aprobaría mañana, en la última sesión del año, no solamente se limita a impedir las candidaturas de quienes tienen condenas firmes por corrupción, sino que apunta directamente a bloquear la llegada al Estado. “Si no podés ser candidato a legislador, tampoco podés ser ministro. Es decir, las personas condenadas no deberían ocupar ningún lugar de toma de decisiones en el Estado”, había manifestado la legisladora Austin.

Con la aprobación, Córdoba se diferenciará de la Nación, donde un proyecto de Ficha Limpia se cayó en el Congreso a raíz de un acuerdo entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Ni bien se desactivó la sesión nacional, en Córdoba se aceleraron los tiempos para consensuar los tres proyectos que se venían analizando en los últimos meses. Para la Legislatura será un logro, pero también el gobernador Martín Llaryora está interesado en la aprobación porque sería un elemento que le permitiría profundizar la diferenciación con el gobierno nacional justo en la antesala de las elecciones legislativas de 2025.

El proyecto que se tratará apunta a “elevar estándares de idoneidad para candidatos y funcionarios”.

“Quedarán inhabilitadas las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de Córdoba, por tribunales nacionales, federales o de otras provincias”, dice el texto consensuado.

Una de las novedades del proyecto que se tratará en el recinto es que las limitaciones se extenderán también a los pueblos y ciudades que no tengan carta orgánica.

En el caso de Río Cuarto, que posee su propia carta orgánica, el oficialismo y la oposición están consensuando un proyecto que se trataría en las primeras sesiones del año próximo.

Los condenados por corrupción no podrán ser ministros ni funcionarios ni ingresar al Poder Judicial.

Justicia y partidos

Otra de las novedades importantes que se incorporaron al texto que la Unicameral votará en su última sesión es que la restricción se extenderá también al Poder Judicial.E incluso a los cargos de conducción en los partidos políticos.

La medida que impide autorización a cargos electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria, de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”. Es decir, que haya una condena en segunda instancia y que haya quedado firme.

Córdoba se sumará así al lote de distritos que han avanzado en la aprobación de la denominada Ficha Limpia.

Los detractores de este tipo de proyectos plantean que se trata en realidad de una normativa inconstitucional que puede ser atacada en la Justicia y desactivada.

Por su parte, los impulsores de la iniciativa cordobesa indicaron que el texto ha llevado varios meses de análisis y debate, precisamente porque buscaron evitar flancos débiles desde el punto de vista constitucional.