Habilitaciones truchas: imputan a empresarios por coimas a Bomberos
Se trata de Darío y Natalia Brasca, dueños de los supermercados Cordiez y Mercamax. Así lo decidió el fiscal Guillermo González, acusándolos de pagar sobornos y generar documentos falsos.
Imagen ilustrativa.
El fiscal Guillermo González dictaminó nuevas imputaciones en el marco de la investigación por las habilitaciones truchas en Córdoba, un escándalo que involucra a funcionarios públicos, empresarios y una red de intermediarios. Entre los nuevos imputados se encuentran Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, presidente y vicepresidenta de CYRE S.A., la empresa propietaria de los supermercados Cordiez y Mercamax.
De acuerdo a la investigación, ambos habrían colaborado con intermediarios y con Julio Zárate, uno de los jefes de la asociación ilícita, para sobornar a funcionarios de Bomberos y de la Municipalidad de Córdoba. Este mecanismo les permitió seguir operando sin cumplir con los requisitos de seguridad edilicia exigidos por la ley.
En su resolución, el fiscal imputó a Darío Sebastián Brasca por cohecho, encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado en cinco ocasiones y uso de documento público falso reiterado en cuatro hechos. Por su parte, Natalia Vanina Brasca fue imputada únicamente por cohecho.
La investigación señala que Darío Brasca habría gestionado, en varias oportunidades, certificados apócrifos ante la Municipalidad, utilizando documentos con firmas falsificadas de Bomberos, con el fin de asegurar la continuidad de los supermercados sin realizar las adecuaciones necesarias en materia de seguridad.
Además de los Brasca, también fueron imputados Roque Javier Olmedo, gestor de CYRE S.A., y Julio Zárate. Olmedo y Zárate enfrentan cargos por uso de documento público falso reiterado (en 10 hechos) y encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (en 8 ocasiones). Ambos habrían gestionado certificados fraudulentos no solo para la cadena de supermercados, sino también para otros comercios, centros deportivos y de salud, con el fin de eludir los controles y mantener en funcionamiento establecimientos que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.
El caso sigue sumando imputaciones, ya que la investigación ha comenzado a identificar a otros empresarios que habrían utilizado certificaciones falsas para operar locales comerciales en situaciones irregulares. Asimismo, se han ampliado las imputaciones a miembros de la asociación ilícita, quienes enfrentan cargos por adulteración de documento público, falsedad ideológica y uso de documento público falso.
De manera paralela, el caso ha comenzado a abrir nuevas líneas de investigación que incluyen licencias de conducir fraudulentas, habilitaciones irregulares para espectáculos públicos y boliches nocturnos, y presuntos casos de extorsión a vendedores ambulantes por parte de inspectores municipales. En este contexto, varios funcionarios de la Municipalidad, como Mónica Silva, Diego Silva y Luis Ponce, fueron recientemente detenidos, acusados de formar parte de esta red de corrupción.
