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noviembre 19, 2026
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El Senado aprobó la ley permanente de Discapacidad que mantiene las pensiones y prestaciones

El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Discapacidad, una iniciativa que replica prácticamente todo el esquema de beneficios de la normativa que vence en diciembre —y que había sido rechazada el año pasado por el Gobierno nacional—, pero que convierte esas disposiciones en un régimen permanente.

La sanción llega a un año de que el oficialismo vetara la ley de emergencia en discapacidad, en un giro político impulsado por los reclamos sostenidos de los colectivos del sector y tras el respaldo público del papa León XIV a las demandas de las personas con discapacidad.

La sesión, que comenzó pasadas las 11 de la mañana con manifestaciones de organizaciones de discapacidad frente al Congreso, incluyó también en su temario la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones a la Ley de Tierras y la denominada “Ley Joaquín”, entre otros proyectos.

Qué establece la ley sancionada

El texto aprobado, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, toma la estructura central de la Ley 27.793, pero deja atrás el carácter de emergencia y transitoriedad para transformarse en una norma permanente y de orden público. Entre sus disposiciones principales figuran:

  • Compatibilidad laboral y pensiones: Mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Nomenclador único y actualización: Conserva el principio de nomenclador único y ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al Índice de Precios al Consumidor).
  • Cobertura médica: Garantiza la atención básica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
  • Presupuesto y financiamiento: Establece que la asignación presupuestaria destinada al área en el Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
  • Auditorías con garantías: Crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del “debido proceso inclusivo”.
  • Deudas con prestadores y reglamentación: A pedido de los bloques aliados, incorpora una cláusula transitoria que fija un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

Los argumentos y cruces durante el debate

Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley estable en lugar de prorrogar la emergencia por otro año, tal como solicitaban distintas organizaciones. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”, sostuvo.

En la misma sintonía, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la norma representa “un acuerdo social y un acuerdo político” y remarcó que se buscó salir de los “parches” de las emergencias para generar “transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias”, destacando además que la iniciativa define de dónde saldrán los fondos para solventar las prestaciones. Por su parte, la senadora oficialista Nadia Márquez señaló que el texto “mantiene reglas claras”.

Desde el bloque Provincias Unidas, la senadora cordobesa Alejandra Vigo planteó la necesidad de “optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad”, y subrayó que “esas garantías de los servicios se traducen en derechos adquiridos”. En tanto, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”.

Desde la oposición peronista, en cambio, plantearon reparos y críticas hacia el oficialismo. La senadora Alicia Kirchner sostuvo que “ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, y consideró que la aprobación significa “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.

Más crítica fue la catamarqueña Lucía Corpacci, quien afirmó que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado”. Según Corpacci, la norma salió “porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, aunque advirtió que “si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”.

Otros puntos de la sesión

Antes de abordar el proyecto de discapacidad, el cuerpo dio ingreso formal a una serie de pliegos judiciales y aprobó por 59 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar, con retroactividad al 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se votaron distintas mociones de preferencia para tratar un conjunto de iniciativas en la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, entre las que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.