Continúa el juicio de lesa humanidad en Córdoba: “Los represores están libres, me topé con Di Santo en el súper”
El dirigente y querellante Juan Muzzolón declaró este martes el juicio por los crímenes del terrorismo de Estado en Río Cuarto y la región. Relató las marcas que dejó la represión y reclamó que se condene a los imputados.

La causa Di Santo, en la que se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Río Cuarto y la región, tuvo una nueva audiencia este martes, en la que declaró el dirigente Juan Muzzolón, quien además se desempeña como querellante en el proceso.
Durante su testimonio, Muzzolón puso en palabras las huellas que dejó la represión en su vida cotidiana y recordó el impacto que significó encontrarse con uno de los acusados fuera del ámbito judicial: “Ir al súper y ver a Di Santo y romper la cola para no encontrarme con él”, relató, al describir una situación que refleja las consecuencias personales que persisten.
También destacó el papel de los organismos de derechos humanos en su historia personal y la importancia de reconstruir lo sucedido a partir de los testimonios. “Las Madres de Plaza de Mayo le han dado sentido a mi vida”, expresó.
En ese sentido, contó que la Universidad Nacional de Río Cuarto publicó un libro de su autoría, en el que reunió 80 testimonios y documentación vinculada con 172 detenciones. Su intención, explicó, es seguir aportando nombres para contribuir a la reconstrucción de la memoria y al esclarecimiento de los crímenes.
Muzzolón, quien estuvo ocho años preso en las cárceles de la dictadura, cuestionó que los represores puedan circular libremente: “A los represores los vemos libres en la calle. Esto me marcó a fuego”, sostuvo el dirigente.
En otro tramo de su declaración, mencionó al acusado Miguel Ángel Salinas, a quien identificó como integrante de la patota de imputados, segundo jefe de Gómez y especialista en explosivos.
También hizo referencia al otro acusado Aspitia, quien, según indicó, falleció.
Finalmente, planteó la responsabilidad de la Justicia en el juzgamiento de estos delitos y reclamó que se utilicen las herramientas disponibles para evitar que los que cometieron crímenes de lesa humanidad recuperen la libertad.
“El Poder Judicial tiene los medios para no dejar en libertad a quienes cometieron estos delitos”, afirmó.
Su declaración volvió a poner en primer plano la persistencia de las consecuencias del terrorismo de Estado y la importancia de sostener los procesos judiciales como parte de la construcción colectiva de la memoria. “La memoria nunca desaparece”, concluyó.
En la ocasión también declararon Gerardo Otto y Alfredo Bini.
La próxima audiencia será el martes 24.
21 militares y expolicías en el banquillo
El Tribunal está encabezado por Carolina Prado y también lo conforman Julián Falcucci y María Noel Costa. Entre los delitos que se juzgan se encuentran “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual”.
El proceso tiene a 21 exmilitares y expolicías imputados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978, que tuvieron como víctimas a más de 70 personas en Río Cuarto y distintas localidades del sur de Córdoba, entre ellas docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Se trata del juicio número 20 por delitos de lesa humanidad y de una de las investigaciones de mayor magnitud vinculadas con el accionar del aparato represivo en la región. En este contexo, cabe resaltar que la Municipalidad de Río Cuarto también es querellante en el caso.
Según La Nueva Mañana, entre las personas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba. También está comprendido el caso de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, quien falleció en la Cárcel de La Plata producto de las torturas que sufrió desde su detención en la UR9 de la Policía de Río Cuarto y tras su paso por la Cárcel de Río Cuarto, la UP1 y la UP9 La Plata y los traslados respectivos, sin la atención médica debida a su afección de epilepsia.
Entre los imputados, en tanto, hay ex miembros del Ejército Argentino y su aparato de inteligencia, así como personal jerárquico, agentes operativos y Personal Civil de Inteligencia (PCI) vinculados mayoritariamente a la Policía de la Provincia de Córdoba (en especial al Departamento de Informaciones D2) y al Servicio Penitenciario.
El mismo medio confirmó que seis de los imputados operaron en la ciudad y zona de Río Cuarto y serán juzgados por primera vez: Daniel Di Santo, Policía de la Provincia de Córdoba; Roberto Ernesto González Fossat, Policía Federal Argentina; Juan Carlos Nieto, Policía de la Provincia de Córdoba; Rubén Roque Principi, Policía de la Provincia de Córdoba; Carlos Jesús Regueira, Policía Federal Argentina; y Miguel Ángel Salinas, Policía de la Provincia de Córdoba.
El debate oral contará con la declaración de alrededor de un centenar de testigos y se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combinará comparecencias presenciales y virtuales.
El juicio se desarrollará a lo largo de varios meses y, de acuerdo con el abogado querellante Daniel Olartecoechea, hay audiencias previstas hasta junio del año que viene.