La caída de Santiago Peña: el colapso del modelo neoliberal de derecha sacude a la región

La intempestiva dimisión del mandatario paraguayo Santiago Peña marca un antes y un después en el mapa político sudamericano. El colapso del sistema financiero local y, en particular, el descalabro del Ueno Bank, precipitaron una hecatombe socioeconómica que terminó por llevarse puesto al máximo referente de la derecha liberal en la región, dejando al descubierto las costuras del modelo de desregulación y convivencia directa entre la función pública y los negocios privados.

El desenlace ocurrió mientras la Cámara de Diputados avanzaba decididamente en un juicio político impulsado por bloques opositores y facciones disidentes del propio espacio gobernante. Cercado por la protesta masiva de ahorristas que no pueden acceder a sus depósitos, Peña optó por la dimisión pública a través de sus canales oficiales: “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, expresó en su comunicado.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, aseveró el mandatario en sus redes sociales, para luego añadir: “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”. Asimismo, aseguró que su prioridad inmediata estará puesta en “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema bancario.

Negocios, influencias y la implosión de la retórica pro-mercado

La bancarrota institucional y económica exhibió las severas contradicciones de una matriz ideológica volcada a privatizar ganancias y socializar pérdidas. Las alarmas encendidas en la sociedad terminaron por estallar tras destaparse graves entramados de corrupción y presunto conflicto de intereses.

• Los vínculos del poder financiero: Una investigación periodística del pasado 17 de octubre reveló que Ueno Holding Saeca, firma asociada al banco en cuestión, canalizó transferencias por cerca de 30.000 millones de guaraníes (aproximadamente 5.026 millones de dólares) hacia una compañía donde el propio Peña figuraba como accionista.
• Captura institucional del regulador: A los giros millonarios se sumó el señalamiento directo por el nombramiento de Carlos Carvallo en septiembre de 2023 al frente del Banco Central del Paraguay, habiendo sido este funcionario un exdirectivo clave de la Financiera Ueno.
• Pensión y fondos públicos expuestos: La dimensión del desastre trepó a niveles dramáticos al constatarse la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía aproximadamente 345 millones de dólares de los jubilados invertidos en el banco quebrado. La firma administraba además la liquidación de haberes de unos 32.000 beneficiarios, financiados directamente con los aportes de trabajadores y empleadores.

El abandono de la propia tropa conservadora

El fracaso de la gestión económica no solo movilizó a los damnificados a las calles, sino que desintegró la cohesión interna dentro del oficialista Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana – ANR). El propio expresidente Horacio Cartes, en su rol de titular del partido, junto al presidente del Senado, Basilio Núñez, retiraron de cuajo el sostén político al ejecutivo nacional.

Fue el propio Núñez quien exigió tajantemente el alejamiento del jefe de Estado antes de que las votaciones parlamentarias lo removieran del cargo: “Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, manifestó de forma categórica en sus plataformas digitales. En la misma línea, el titular de la Cámara Alta fundamentó la decisión institucional de soltarle la mano al proyecto peñista: “Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, remarcando que “el Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.

La caída fulminante del proyecto paraguayo asesta un duro golpe a las plataformas de derecha defensoras del libre mercado irrestricto, concluyendo con un gobierno paralizado, una gravísima crisis patrimonial para millones de ciudadanos y una lección contundente sobre los riesgos de dejar los recursos del Estado al arbitrio de los intereses financieros.