Golpe a la educación privada: condenan a un colegio de la Capital por la grave explosión que lisió a una alumna
En un fallo con fuerte impacto para la comunidad educativa de Córdoba, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la Capital condenó a un reconocido colegio privado por las severas secuelas sufridas por una alumna de secundaria. El episodio se desencadenó en el laboratorio de la institución mientras realizaban el experimento “la serpiente del faraón”, una prueba práctica de Química que requiere manipular fuego y sustancias combustibles.
Durante la clase, una compañera echó alcohol de forma imprudente sobre la preparación, desatando una deflagración y una ola de fuego que impactó de lleno en la víctima. La adolescente padeció quemaduras de extrema gravedad que demandaron 70 días de internación en terapia intensiva, decenas de cirugías de ablación y autoinjertos de piel, y una lenta rehabilitación. Como consecuencia irreversible del episodio, la joven quedó con una incapacidad psicofísica permanente.
Al fundamentar la sentencia, el juez Gustavo A. Massano aplicó la responsabilidad objetiva (art. 1767 del Código Civil y Comercial) y definió el vínculo entre el colegio y la familia como un “verdadero contrato de consumo”. Bajo este criterio, definió a la institución privada como una empresa proveedora de servicios educativos y a la estudiante como consumidora final protegida por un deber irrenunciable de seguridad.
El magistrado sepultó los planteos de la defensa de la escuela y de la aseguradora, que pretendían calificar la imprudencia de la compañera como un «caso fortuito» o culpa de un tercero. Massano aclaró de forma contundente que los estudiantes no son “terceros extraños” para la institución y que la «conducta irreflexiva de un estudiante adolescente forma parte de las contingencias previsibles que la autoridad escolar debe contemplar», en especial al manipular sustancias inflamables.
El fallo local fue categórico respecto a las fallas operativas de la escuela: la pericia en higiene y seguridad demostró que el laboratorio no contaba con los elementos básicos de protección personal y que las autoridades omitieron aplicar el propio manual de seguridad de la institución. Además, se acreditó una grave falla de control, al constatarse que una sola docente debía supervisar simultáneamente a varios grupos manipulando fuego al mismo tiempo, sin preceptores ni ayudantes de laboratorio, y sin haber revisado previamente el estado ni la idoneidad de los recipientes de alcohol que los propios alumnos llevaron desde sus casas.
