La Justicia federal de Córdoba ordena investigar a Lugones y al titular del PAMI por incumplir un fallo sobre discapacidad
Debido a que no regularizaron pagos a prestadores de discapacidad, el ministro de Salud Mario Lugones y el director ejecutivo del Pami, Esteban Leguizamo, son investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad. Para el juez federal Miguel Vaca Narvaja, existe un “continuo incumplimiento” de las resoluciones judiciales.
La Justicia federal de Córdoba dispuso abrir una investigación penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad, al no acatar una sentencia que ordenaba regularizar pagos a prestadores del sistema de discapacidad.
La medida fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, quien giró las actuaciones al fiscal federal Carlos Casas Nóblega para que evalúe si la conducta de los funcionarios encuadra en los delitos previstos en los artículos 239 (desobediencia a la autoridad) y 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público) del Código Penal.
El magistrado identificó de manera nominal a Lugones y Leguizamo como los máximos responsables de los organismos obligados a cumplir la sentencia, y señaló que existe un “continuo incumplimiento” de lo ordenado en junio pasado.
Ahora el fiscal Casas Nóblega deberá analizar si hay elementos suficientes para formular imputaciones formales contra Lugones y Leguizamo, o si, en cambio, considera que no se configuran los tipos penales denunciados.
En paralelo y de acuerdo a lo publicado por Perfil Córdoba, los tribunales locales acumulan unos 440 expedientes contra la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) por problemas de cobertura y demoras en los trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que refleja una crisis estructural en el sistema de apoyos.
El origen: un amparo colectivo por pagos atrasados
La investigación surge a partir de una presentación de la abogada Marta Lastra, patrocinante de un amparo colectivo que busca garantizar el acceso a prestaciones de salud para beneficiarios de Incluir Salud y del PAMI.
En ese marco, a fines de junio el mismo juzgado emitió una sentencia definitiva que ordenó regularizar de manera inmediata la cadena de pagos de las prestaciones para personas con discapacidad, ante atrasos generalizados que en algunos casos llegaban hasta cinco meses.
Lastra denunció formalmente la falta de acatamiento de esa medida por parte de las entidades demandadas, lo que motivó la decisión del juez de derivar la causa al fuero penal.
El 5 de agosto último, el Juzgado emitió otra resolución en la cual ordenó formalmente al programa estatal Incluir Salud acompañar la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada en la causa. De acuerdo al medio anteriormente citado, el Pami brindó información e incluyó documentación, pero resultó incompleta e insuficiente para dar por cumplida la orden judicial.
