El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II para volcar al sistema unos 170 mil millones de dólares
En una jornada decisiva en la Cámara Alta, el Senado convertía en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos afirmativos y 23 negativos. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca captar cerca de 170 mil millones de dólares que los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero y regularizar el ahorro no declarado mediante la flexibilización de los controles estatales.
La aprobación del proyecto representó un triunfo legislativo para la bancada oficialista, que logró articular el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales, mientras que el interbloque peronista se abroqueló en el rechazo. Para viabilizar la votación, el oficialismo debió ceder espacio en la agenda e incluir en el temario de la sesión el tratamiento de la Ley de Biocombustibles.
El espíritu de la norma radica en modificar el esquema impositivo vigente para reducir la presión fiscal sobre los ahorristas. En esa línea, la ley elimina los topes patrimoniales e ingresos anuales para ingresar al régimen simplificado de Ganancias —que anteriormente fijaba un límite de patrimonio de hasta $10.000 millones— e incorpora una flexibilización en el concepto de «discrepancia significativa», determinando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá impugnar declaraciones cuando detecte diferencias impositivas superiores al 15% (con un piso de $5.000.000).
Durante la defensa del dictamen, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, remarcó que la Argentina se posiciona entre los países con mayor cantidad de divisas fuera del sistema bancario y responsabilizó a la intervención estatal previa. “El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió ese dinero con inflación, cepos y regulaciones. Lo que estamos haciendo es un acto de reconocimiento hacia los ciudadanos para que puedan utilizar sus ahorros con total libertad”, sostuvo.
A su turno, el senador Bruno Olivera Lucero argumentó que la reforma plantea un cambio de paradigma institucional: “Se trata de confiar en el contribuyente y dejar de tratar a los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos como sospechosos de por vida”.
Desde la oposición, el bloque peronista fustigó con dureza la iniciativa. El senador José Mayans calificó la norma como una herramienta que «premia a los evasores», al tiempo que el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich advirtió que la presunción de inocencia tributaria «no legitima el origen del patrimonio ni otorga un certificado de buena conducta fiscal».
Funcionarios excluidos y alivio para Pymes
Una de las modificaciones centrales introducidas durante el trámite legislativo fue la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del esquema. De este modo, legisladores, jueces, ministros y el propio Presidente de la Nación —al igual que quienes hayan ejercido cargos en los últimos cinco años— podrán utilizar el mecanismo simplificado de declaración jurada, pero no accederán a las exenciones, beneficios ni presunciones de Inocencia Fiscal.
Asimismo, la ley incorpora un capítulo de alivio fiscal para pequeñas y medianas empresas, estableciendo una reducción automática del 25% en multas formales para MiPyMEs y entidades sin fines de lucro, además de esquemas de quita de hasta el 50% en sanciones administrativas anteriores, buscando facilitar la regularización del sector productivo.
