Ir al contenido principal

Marca Informativa CBA

septiembre 17, 2026
Generic selectors
Coincidencia exacta
Buscar en el título
Buscar en el contenido
Post Type Selectors

Córdoba cuestionó al Gobierno nacional por cambios en el Presupuesto 2027 que afectan a la Ley de Discapacidad

Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, sostuvo en redes que el proyecto de ley constituye “un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan”. La diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo aseguró que la modificación implicaría “menos protección y mayor incertidumbre”.

Una integrante del Gobierno de Martín Llaryora cuestionó con dureza al presidente Javier Milei luego de que trascendiera que el oficialismo busca derogar, en el proyecto de Presupuesto 2027, artículos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793. La iniciativa también contempla modificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que regula los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Las críticas fueron expresadas este miércoles por Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, quien calificó al proyecto como “un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan“.

En ese sentido también se expresó Carolina Basualdo, diputada nacional por la provincia e integrante del bloque Provincias Unidas, que reúne a legisladores alineados con el gobernador Llaryora.

Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad”

Montero publicó una declaración en su cuenta de X en la que apuntó contra Milei y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

“Javier Milei otra vez avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, a través del Presupuesto 2027, pretenden derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso se encuentra tratando el tema en comisiones”, sostuvo la funcionaria.

Según planteó Montero, entre los cambios impulsados por el oficialismo se encuentra la eliminación del arancel único para las prestaciones. Para Montero, ese mecanismo garantiza que las personas con discapacidad reciban una cobertura equivalente en todo el país.

“Se trata de la eliminación del arancel único, que es lo que garantiza que en nuestro país no haya ciudadanos con discapacidad de primera y otros de tercera o cuarta”, afirmó. Y agregó: “Un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan, todo en nombre del equilibrio fiscal”.

La secretaria cordobesa también cuestionó el accionar del ministro nacional de Salud Mario Lugones, a quien acusó de no haber informado la situación durante la reunión que mantuvo el lunes con los ministros de Salud de las provincias y las áreas vinculadas con discapacidad.

“Nos toman el pelo. Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias”, sostuvo Montero. Finalmente, aseguró que Córdoba continuará acompañando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones del sector, y reclamó que el Gobierno nacional asuma sus responsabilidades. “Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad”, concluyó la funcionaria.

El planteo de Carolina Basualdo

Por su parte, Basualdo difundió un comunicado titulado “Con la Discapacidad No”, en el que advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

La diputada señaló que, luego del emplazamiento aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento urgente de la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, el Gobierno nacional busca derogar distintos artículos de la norma vigente.

“Pretenden derogar en el Presupuesto 2027 los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia 27.793, además de modificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que regula los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad”, afirmó.

Para Basualdo, la modificación implicaría “menos protección y mayor incertidumbre” para las personas con discapacidad, especialmente en relación con sus pensiones y la cobertura de las prestaciones.

“Esto no es solamente cruel y antiético: también plantea un serio problema institucional”, advirtió la legisladora. En ese sentido, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

Por ese motivo, sostuvo que el Estado nacional tiene la obligación de “respetar, proteger y garantizar” los derechos reconocidos en ese tratado.