Ante una nueva demora en el Congreso, fuerte reclamo de entidades cordobesas por una nueva ley de biocombustibles

Por Gonzalo Dal Bianco

La nueva ley de biocombustibles parece atrapada en el Día de la Marmota, repitiendo el 2 de febrero de manera infinita. Un loop incansable. Es que hace exactamente un año, el Congreso parecía contar con los votos suficientes de ambas cámaras para finalmente avanzar en un proyecto que en aquel momento fue impulsado por la Liga de Provincias Energéticas, una construcción política que incluía a los principales actores del sector, encabezados por gobernadores y legisladores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucuman, Salta y Jujuy, entre otros distritos. Las norteñas con su interés por el etanol de caña de azúcar; Córdoba con el etanol de maíz y Santa Fe, como representante del biodiesel logrado a partir del aceite de soja.

Pero como un castillo de naipes, de un momento a otro, finalmente todo se derrumbó y lo que parecía un tránsito seguro, se escurrió. Curiosamente en aquel momento apareció a último momento un proyecto del oficialismo que fue presentado como superador, pero que al arribar casi en diciembre al debate, no hubo demasiado tiempo para valorarlo. Ni uno, ni otro. Al final el 2025 cerró sin una nueva ley, una vez más. Porque en realidad, desde 2021 en que se aprobó la denominada Ley Cleri, en honor al diputado santafesino del kirchnerismo que la impulsó y que era contraria a los intereses de los sectores productivos, que hay interés en hacer una normativa moderna y que incentive más producción e inversión.

Y ahora, cuando nuevamente parecían estar los consensos sobre el proyecto presentado esta vez por la senadora Patricia Bullrich, que obtuvo incluso dictamen de comisión la semana pasada, otra vez surgió un imprevisto y a poco de ingresar a labor parlamentaria para ser analizado en el recinto ayer, se desmoronó. Según trascendió, esta vez todos apuntan a las pequeñas aceiteras no integradas y su capacidad de lobby para retraer voluntades.

El nuevo fracaso legislativo podría ser reparado la semana próxima. Ese fue el compromiso que asumieron algunos senadores para impulsar finalmente la normativa. Sin embargo, hay muchos que encendieron alarmas por la memoria de lo ocurrido en 2026.

Por eso ayer hubo numerosos reclamos de entidades vinculadas a los biocombustibles para que los legisladores avancen decididamente en la aprobación de la normativa que tiene como objeto central el incremento del corte en los surtidores: en el caso del etanol prevé un mínimo obligatorio que pasaría de 12% a 15% y en el biodiesel, del 7,5% al 10%. En este último, se recuperaría el porcentaje obligatorio que regía hasta que en 2021 se aprobó la normativa actual. Esa reforma fue hacia atrás con el corte en el gasoil.

Una de los primeros planteos que se realizaron fue el de Coninagro Córdoba, la entidad cooperativista vinculada a ACA, que tiene su planta de bioetanol en Villa María. La entidad gremial pidió concretamente “a los legisladores nacionales por Córdoba —en el Senado y en la Cámara de Diputados— que prioricen la sanción del dictamen que actualiza el Marco Regulatorio de Biocombustibles (Expte. S-809/26 y vinculados), aprobado el 3 de septiembre por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda”.

Y agregó: “Acompañamos un nuevo marco que otorgue previsibilidad, impulse mayores niveles de utilización de energías renovables y fortalezca el agregado de valor de la producción agroindustrial argentina. El incremento progresivo de los cortes, la incorporación de nuevos productos y mercados y el desarrollo de una mayor competencia son una oportunidad estratégica para el país”, afirmaron desde Coninagro Córdoba.

En esa misma línea, la Bolsa de Cereales de Córdoba manifestó “que el incremento progresivo de los cortes, la incorporación de nuevos productos y mercados, permitir a las provincias legislar para mayores usos explotando las potencialidades de sus territorios y el desarrollo de una mayor competencia, constituyen una oportunidad estratégica y contribuyen a la transición energética y a la reducción de emisiones”.

La entidad bursátil cordobesa destacó también que “una nueva legislación orientada a contemplar de la mejor manera posible a todos los actores de la cadena y ampliar el mercado debe promover la competencia y procurar que se desarrolle bajo reglas claras, previsibles y equitativas, evitando que diferencias estructurales deriven en concentración o pérdida de capacidad industrial”.

Y aseveró: “Es una gran oportunidad para nuestro país. Es el momento de avanzar a paso firme como lo están haciendo países de la región y el mundo”. Por ahora, eso no es posible.

Coninagro, en tanto, destacó que “como cooperativas, ponemos un énfasis particular en un punto: la regulación debe contemplar a todos los actores de la cadena y ampliar el mercado bajo reglas claras, previsibles y equitativas, evitando que diferencias estructurales deriven en concentración o pérdida de capacidad industrial para las pymes y cooperativas del interior”.

Y recordó que “Córdoba es una de las provincias con mayor potencial agroindustrial del país. Necesitamos una ley que dé previsibilidad de largo plazo, pero también reglas parejas para que las cooperativas y pymes del interior puedan competir en igualdad de condiciones. Cada semana de demora es una señal negativa para quien tiene que decidir si invertir hoy”.

La entidad gremial cooperativa remarcó también que “el tratamiento sea prioritario en las próximas sesiones y que el texto final garantice condiciones equitativas para todos los eslabones de la cadena”.

El obstáculo

El obstáculo que esta vez encontró el tratamiento en el Senado, donde el oficialismo no pudo garantizar la aprobación sin modificaciones del proyecto presentado por Bullrich, fue la resistencia de las pequeñas aceiteras ubicadas especialmente en Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

Según establece el proyecto que fue tratado en comisiones y esperaba ingresar a Labor Parlamentaria para llegar al recinto en la jornada de ayer, durante la primera etapa, con un corte obligatorio del 7,5%, las empresas no integradas (pymes aceiteras) tendrán asignado el total del mercado a través del sistema de comercialización. Cuando el corte pase al 10%, su participación será de 6,5%, mientras que otros 3,5% quedarán para la negociación libre.

Luego, el cronograma establece una reducción gradual de la participación de las empresas no integradas: 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031, siempre sobre un corte obligatorio total del 10%. Finalmente, a partir de 2032, el esquema quedará definitivamente dividido: 3% para las empresas no integradas, mientras que el 7% restante será comercializado bajo un régimen de libre negociación y contratación, con participación tanto de empresas integradas como no integradas.

La principal problemática para avanzar en el proyecto se daba en el sector del biodiésel, ya que actualmente las empresas no integradas tienen el cupo total del 7,5%, mientras que las empresas integradas (las exportadoras) no podían participar del mercado interno. Ahora, se estableció un piso del 3% para las pymes y se abre a la participación de las grandes aceiteras.

Las claves del proyecto

• La iniciativa establece que el corte obligatorio inicial de biodiésel del 7,5% que rige hoy subiría al 10% a los 12 meses de sancionada la normativa. En el caso del bioetanol, que es el que le interesa a Córdoba por ser gran productora, el corte aumentaría del 12% al 15%: se mantendría un 6% para maíz y 6% para caña de azúcar, mientras que el 3% restante quedaría para libre mercado.
• En el caso del etanol, en los surtidores actualmente hay un 15% porque una resolución de Energía habilitó que el obligatorio sería del 12% con un “voluntario” del 15% que finalmente es el que está presente en las estaciones de servicio. ¿Qué cambiará entonces? Que con la nueva ley será obligatorio el 15% y ya no dependerá de la conveniencia de las petroleras. De todos modos los productores de etanol esperan que eso rápidamente tenga un crecimiento mayor.

Los biocombustibles en la F1

En la Fórmula 1, el equipo Alpine de Franco Colapinto, utiliza HVO, un biocombustible producido a partir de materias primas renovables para su logística durante las fechas europeas, como la de Madrid de este fin de semana. Y no solo eso: desde 2026, dentro de las nuevas regulaciones técnicas de la FIA, todos los autos de la categoría utilizan combustibles avanzados sostenibles; desarrollados a partir de fuentes como biomasa no alimentaria, residuos y carbono capturado. El objetivo es eliminar el carbono fósil del combustible utilizado en competición y, al mismo tiempo, desarrollar tecnologías que puedan tener aplicaciones en el transporte convencional.