El oficialismo avanza con la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal en el Senado
El Senado debatirá este miércoles dos iniciativas centrales para el programa económico del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II. El bloque oficialista busca acelerar el tratamiento de ambos proyectos, provenientes de la Cámara de Diputados, para convertirlos en ley antes de fin de mes, previo al ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 previsto para el 15 de septiembre.
La estrategia legislativa impulsada por la conducción del bloque de La Libertad Avanza busca concentrar en septiembre el tratamiento de este paquete económico —al que se suman reformas en Salud Mental y traspaso de competencias a CABA— para abordar en octubre el debate sobre la reforma electoral.
Límites a la emisión y nuevo rol del Banco Central
El plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunirá a las 10:30 con la presencia del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente Vladimir Werning.
La propuesta establece como objetivo primordial de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo al Estado nacional, provincias y municipios, restringiendo el uso de la emisión monetaria para cubrir déficit fiscal. Asimismo, la iniciativa elimina las facultades para orientar créditos subsidiados o políticas crediticias diferenciadas, enfocando la función del organismo exclusivamente en la estabilidad monetaria.
Inocencia Fiscal II: flexibilización para el ingreso de dólares
A partir de las 17:30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda analizará la ley de Inocencia Fiscal II, con las exposiciones de los tributaristas Martín Caranta y Juan Martín Jovanovich.
El proyecto busca incentivar la incorporación de dólares no declarados al circuito financiero formal mediante cambios en el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre los puntos principales se destaca la eliminación de los topes patrimoniales para acceder al régimen y la redefinición del parámetro de «discrepancia significativa», fijando en un 15% la diferencia mínima en el impuesto determinado para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda impugnar las declaraciones.
