Cesantearon a siete policías por el crimen de Blas Correas
La Policía de Córdoba desvinculó de la fuerza a siete uniformados por no resguardar la vida de un herido durante el procedimiento del 6 de agosto de 2020.
A días de que se cumplan seis años del asesinato de Blas Correas, el Tribunal de Conducta de la Policía de Córdoba resolvió cesantear a siete efectivos por no haber resguardado la vida de un ciudadano herido durante el procedimiento policial de aquella madrugada. La medida corre por un carril administrativo independiente del proceso judicial que, en 2023, terminó con once policías condenados.
Quiénes fueron cesanteados
Los siete uniformados alcanzados por la cesantía son la oficial principal Natalia Soledad Márquez, la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot. Tanto Martínez como Toloza habían sido absueltos previamente por la Justicia de las acusaciones de encubrimiento y falso testimonio.
El Tribunal los declaró administrativamente responsables de las faltas gravísimas previstas en el artículo 15, incisos 20 y 27, del Reglamento de Régimen Disciplinario Policial, vinculadas al incumplimiento del deber de resguardo de la vida de un ciudadano herido. En el caso de Márquez, la resolución agrega además el ejercicio de violencia física innecesaria sobre una de las personas que ocupaban el vehículo involucrado en el hecho.
En un comunicado, el organismo precisó que la cesantía se adoptó al concluir el sumario administrativo y aclaró que su función es preservar la moralidad administrativa, la probidad en el ejercicio de la función pública y el decoro institucional.
El crimen y las condenas judiciales
Blas Correas tenía 17 años cuando fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto de 2020. Circulaba con cuatro amigos en un Fiat Argo por la zona sur de la capital cordobesa; al evadir un control policial, dos efectivos abrieron fuego contra el auto y uno de los proyectiles le impactó en la espalda y le provocó la muerte.
El 31 de marzo de 2023, la Cámara 8ª del Crimen, con jurado popular, condenó a once de los trece policías que fueron a juicio. Las penas más altas recayeron sobre los cabos primeros Lucas Gómez, de 37 años, y Javier Alarcón, de 35, autores de los disparos, quienes recibieron prisión perpetua. El comisario inspector Walter Soria fue condenado a cuatro años y nueve meses; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, a cuatro años y ocho meses cada uno; la oficial ayudante Yamila Martínez, a cuatro años y tres meses; el subcomisario Sergio González, a cuatro años y diez meses; el comisario Juan Antonio Gatica y el cabo Alexis Quevedo, a cuatro años. La agente Wanda Esquivel, quien colocó un arma para simular un enfrentamiento con las víctimas, recibió tres años y diez meses, y el oficial ayudante Ezequiel Vélez, dos años y medio.
