Imputan a máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba por abuso de autoridad y coacción
La causa está bajo secreto de sumario. Junto a sus secretarios también fueron acusados de violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, formalizaron la imputación contra Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, presidente y vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, respectivamente. También fueron imputados los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
La causa, que rige bajo secreto de sumario, pasó ahora a manos del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien deberá evaluar la solicitud elevada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. La investigación busca determinar si se violaron reglamentos internos y si existieron maniobras para beneficiar a una empresa en un proceso judicial.
Todo surgió en septiembre de 2025, cuando la exsecretaria del tribunal, Celina Laje Anaya, denunció públicamente en el programa Fuerte y Claro episodios de hostigamiento, coacción y abuso de autoridad por parte de Sánchez Torres, Montesi y Olmedo. Según su relato, se le exigió firmar un certificado que consideró ilegal, con el aparente objetivo de influir en la conformación del tribunal para una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge.
Los fiscales Turano y Hairabedián indagarán si estas acciones configuran irregularidades que pudieron alterar el curso de la justicia en perjuicio de la imparcialidad procesal. Por el momento, no se han realizado allanamientos ni medidas cautelares adicionales, pero el avance de la causa podría derivar en pedidos de detención o inhibiciones si se confirman las sospechas.
