Caso del policía asesinado: la familia critica la liberación del acusado y pedirá revisar la medida
La abogada de Pablo Zambelli, el hombre que disparó y mató al oficial Luis Azábal, aseguró que el policía no se identificó como tal y que su defendido pensó que «se estaban sumando más delincuentes». El Gobierno provincial buscará constituirse como querellantes en el caso.
El letrado Óscar Zárate, quien representa a la familia del suboficial Luis Azabal, el policía fallecido el viernes durante un operativo en el barrio Villa Belgrano de Córdoba, cuestionó duramente la resolución judicial de cambiar la imputación contra el vecino que realizó el disparo. Anunció que impulsarán una revisión de esa determinación.
En diálogo con Cadena 3, Zárate reveló que los allegados tomaron las primeras actualizaciones del expediente «con una honda indignación», en medio del dolor por la pérdida del agente. «Inicialmente, se configuraba un delito con dolo: homicidio agravado por empleo de arma de fuego, junto a la posesión ilegal de un arma de guerra. Esta resolución resulta inexplicable e inaceptable según la rutina del proceso penal cordobés», argumentó.
El jurista detalló que, a su juicio, la Fiscalía arrancó con una acusación por homicidio agravado con intención, pero luego la rebajó a una calificación atenuada por exceso en la legítima defensa, lo que merma drásticamente la sanción potencial. «Precisamente eso reclamaremos: la revisión de la resolución fiscal», enfatizó Zárate, al precisar que el ajuste pasó «de un crimen intencional a una pena propia de un delito imprudente».
Zárate precisó que todavía no accedieron al expediente íntegro y que el implicado no ha rendido declaración indagatoria. «Por el momento, nos basamos en rumores y diversas informaciones que hemos reunido», aclaró.
Sobre las armas halladas en la casa, el abogado indicó que persiste la incertidumbre sobre su registro y la validez de las autorizaciones del dueño. «Ignoramos si estaban inscriptas y si poseía permisos en vigor», apuntó.
Además, respaldó la intervención del suboficial Azabal en el allanamiento. En presencia de un delito flagrante, la norma permite a los efectivos actuar sin demora, explicó. «El uniformado no llama a la puerta ni se identifica formalmente; irrumpe para detener el ilícito. Arriesga todo y, en este caso, entrega su vida protegiendo a esa misma familia», defendió.
Por último, Zárate avaló las observaciones del ministro de Seguridad de Córdoba acerca de un trato desigual entre civiles y policías en juicios similares. «Si la situación se invirtiera y Luis hubiera tomado al propietario por un ladrón y lo matara, le garantizo que estaría preso hoy. Existe una doble moral, indudablemente», remató.
