El viernes último no fue un día más para el Gobierno. La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de esfuerzos y concesiones, dejó el oficialismo envalentonado y dispuesto a continuar en la senda “reformista” gracias a un Congreso que ya no es visto como un nido de ratas, como lo denominó Javier Milei el 1 de marzo de 2024.

La sensación que flota en LLA es que gracias a los acuerdos que logró enhebrar con los aliados y a un apoyo social intacto luego de las elecciones del 26 de octubre, hay margen de sobra para continuar implementando conversiones que son calificadas de “estructurales”.

Desde la Ley de Glaciares, un tema fundamental para la administración libertaria y que, dicen, tiene el consenso de los gobernadores, pasando por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Un paquete de textos que podrá ser sancionado en el corto plazo al igual que la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.

Hay otros dos temas que integran el radar libertario por estos días y que en algún momento serán ejes de conversación con aquellos gobernadores permeables al diálogo: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, un gran anhelo del Gobierno, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

“Está en estudio”, dicen en Balcarce 50. En el Ministerio de Economía todavía no tienen precisiones de la generación de un texto que sea capaz de flexibilizar las restricciones impuestas en 2002, tras la crisis derivada del régimen de convertibilidad.

La agenda

La reforma previsional, que en su momento el oficialismo vendió como posibilidad concreta, quedará para otro momento. Fuentes cercanas a Milei aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas que “no en este mandato”.

El motivo es simple: para cambiar el actual sistema jubilatorio se debe ampliar el universo de trabajadores registrados. Ese es el planteo con cuatro de cada diez trabajadores desempeñándose en la informalidad. Por lo que el Gobierno aguardará resultados concretos de la reforma laboral antes de avanzar y meterse de lleno con el sistema jubilatorio.

La reforma tributaria es otro punto en el que comenzará a trabajar el oficialismo. Es un eje clave de su plan económico y la apuesta es a ordenar y a seguir “bajando” impuestos. En el bloque de diputados libertarios transmiten expectativas al por mayor ante los debates que se aproximan al señalar que este Gobierno consiguió en muy poco tiempo sancionar leyes que fueron debatidas durante miles de horas en comisiones por muchos años.

“Esto va a seguir durante todo el periodo”, prometen desde la fuerza legislativa gracias a los gobernadores que “entienden a Milei”. Una referencia a los peronistas que prestaron legisladores para sancionar la reforma laboral.

A cambio, el oficialismo promete escucha y resolución de problemas para que las arcas provinciales que aparecen comprometidas ante la baja de la recaudación no sufran. Hay otro tema que no pasa desapercibido en Balcarce 50 y que hace posible que Milei acelere y consiga resultados: “No hay oposición”, evalúan. Una frase que está acompañada por dardos al kirchnerismo: “Está en una crisis terminal”.

El Régimen Penal Juvenil, camino a ser ley en el Senado: ¿cuáles son los ejes centrales?

Luego del abultado resultado que consiguió el oficialismo para la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que crea un régimen penal juvenil, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, diseñó una sesión para el próximo jueves que incluye la votación del dictamen firmado en un plenario de comisiones, como también la ratificación del convenio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El elemento más destacado de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 14 años de edad, aunque más allá de ese aspecto en el régimen se entrecruzan una cantidad de dimensiones que conjugan una mirada punitivista al aplicar castigos a los menores que infringen la ley, con un enfoque de resocialización.

La Ley Penal Juvenil, que reforma una ley de la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

Argentina es el único país del continente junto a Cuba que aún no cuenta con un régimen penal de minoridad, y de ahí el debate sobre la necesidad de generar un marco que por un lado aplique sanciones diferenciales a los menores que delinquen pero al mismo tiempo genere mecanismos de resocialización para que cuando salgan del encierro no vuelvan a caer en el espiral de la delincuencia.

Las posturas del Gobierno y de la oposición

La iniciativa va en línea con el espíritu con la frase pronunciada por Bullrich de que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”, y también la consigna del presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”.

La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.

Según el Gobierno y quiénes apoyan la ley, un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza de la acción delictiva que está cometiendo y sus efectos, tiene capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.

También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.

Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.

Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante desde todo punto de vista.

Por otro lado, Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, registra una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de todo Latinoamérica.

La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a una matriz histórica de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.