El Gobierno denunció por “terrorismo” a manifestantes que protestaron contra la reforma laboral
La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, que difundió un video en el que informó la presunta identificación de 17 personas.
A dos días de la movilización frente al Congreso contra la reforma laboral, el Gobierno nacional denunció por “terrorismo” a personas que, según sostiene, agredieron a las fuerzas de seguridad durante los incidentes registrados en el marco del operativo desplegado en la zona.
La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, que difundió un video en el que informó la presunta identificación de 17 personas a las que vincula con “actos vandálicos” ocurridos durante la protesta. La marcha había sido convocada por gremios, partidos políticos y organizaciones sociales, mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral.
De acuerdo con la versión oficial, los episodios investigados incluyeron agresiones contra efectivos y ataques en las inmediaciones del Congreso. En ese contexto, Monteoliva sostuvo que los hechos “fueron mucho más que una contravención” y encuadró la denuncia en figuras vinculadas al crimen organizado y con posibles conexiones internacionales.
La manifestación se desarrolló bajo la aplicación del denominado protocolo “antipiquetes”, con un amplio despliegue de fuerzas federales. Durante la jornada se registraron enfrentamientos y una intervención policial que incluyó el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Como resultado, hubo cientos de manifestantes heridos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la medida a través de sus redes sociales. “Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde confirmó la denuncia por terrorismo y utilizó el lema “el que las hace, las paga”.
En el material difundido por la cartera de Seguridad se observa a un grupo de personas que, protegidas detrás de un bloque de madera, habrían armado bombas molotov y enfrentado a la Policía. La Justicia deberá ahora determinar las responsabilidades penales en torno a los hechos denunciados.
La decisión oficial vuelve a instalar el debate sobre los alcances del protocolo de actuación en protestas y el encuadre judicial de los incidentes ocurridos en manifestaciones públicas.
