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enero 30, 2026
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Quinteros denunció penalmente al Tribunal de Cuentas

El ministro de Seguridad pidió que la Justicia investigue la intervención del órgano de control en un expediente administrativo, al considerar que pudo haberse vulnerado el principio de división de poderes.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue hechos ocurridos en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia, vinculados a su intervención en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025.

La presentación se realizó en el marco de los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal provincial, y apunta a que la Justicia determine si la resolución que observó el gasto y negó el visado del expediente se mantuvo dentro de los límites legales del control preventivo de juridicidad o si implicó una extralimitación de funciones.

Según se expuso, el órgano de control habría fundado su decisión en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, aspectos que no forman parte de sus competencias legales. Desde el Ministerio se advirtió que este tipo de consideraciones podrían constituir una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo y afectar el principio constitucional de división de poderes.

En la denuncia también se remarca la gravedad institucional del caso y la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, motivo por el cual se solicitó que se investigue el alcance y la legalidad de la actuación desplegada.

Al fundamentar la decisión, Quinteros sostuvo que se formularon acusaciones de extrema gravedad sin respaldo probatorio y afirmó que corresponde que sea la Justicia la que evalúe lo sucedido. En ese marco, denunció un presunto abuso de autoridad orientado a bloquear de manera indefinida la adquisición de tecnología para el área de seguridad y a instalar un discurso político basado en acusaciones que consideró infundadas.

Finalmente, el ministro cuestionó el uso de términos como “fraude”, “corrupción”, “sobreprecios” o “cajas negras”, y afirmó que ese tipo de expresiones, utilizadas sin sustento, “no pueden quedar sin consecuencias”.