El Congreso Nacional comenzará este miércoles con las sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, ya que está administrando el país con una ley prorrogada que fue aprobada en 2022.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández, pero ahora con una nueva composición del Parlamento mas favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El oficialismo será la primer minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 legisladores y necesitará 17 para aprobar los proyectos del Gobierno.

Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará en el primer minuto del martes en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será que en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre es aprobar el Presupuesto 2026.

La agenda de proyectos incluye también la reforma laboral, Inocencia Fiscal – Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma del Código Penal y la ley de Glaciares.

El esquema diseñado por oficialismo establece que el martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el jueves y viernes.

El oficialismo mantendrá en esas comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal como presidente a Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, quien militó en el PRO hasta noviembre y ahora se sumó a la LLA.

Presupuesto tiene 49 miembros y tendrá una conformación muy pareja entre la LLA y el peronismo, ya que tendrá 19 LLA, 18 UxP, 4 los aliados del PRO-UCR, 4 Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal) y otros cuatro entre los bloques provinciales y la izquierda.

En Legislación Penal le corresponden 12 a LLA, y otros 12 a UP, con lo cual habrá que hacer una negociación para ver como se incluyen a los bloques mas pequeños para que tengan alguna representación.

Tras la emisión de los despachos, la idea es tratar el Presupuesto en una sesión que se tiene previsto celebrar el martes 16 para poder enviarlo en forma inmediata al Senado, a fin para que se pueda convertir en ley como fecha tope el 30 de diciembre.

Para lograr el objetivo están coordinando la estrategia parlamentaria Menem, la jefa del bloque Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que encaró las negociaciones con una veintena de gobernadores.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores dado que tiene 95 diputados.

Por ese motivo, las primera conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR.PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.

Senado

La primera tarea que tendrá el oficialismo la próxima semana es armar las comisiones de Presupuesto, y de Trabajo y Previsión Social, que hasta diciembre conducían los libertarios Ezequiel Atauche, y Carmen Álvarez Rivero

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que el Gobierno debe enviar al Congreso Nacional.

En ese cuerpo legislativo serán claves los acuerdos con los boques dialoguistas, ya que el oficialismo tiene 20 legisladores, y necesita 17 senadores para aprobar el Presupuesto, por el cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores

Allí buscará respaldos en la decena de radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores mas.

Presupuesto

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

El Gobierno aspira a aprobar la reforma laboral antes de fin de año

El Gobierno ya estableció plazos y estrategia parlamentaria para concretar su iniciativa de reforma laboral en las sesiones extraordinarias. Aun con un Congreso que se le presenta más favorable e inclusive con la primera minoría en Diputados, La Libertad Avanza necesita cerrar acuerdos con partidos aliados y gobernadores provinciales para alcanzar la mayoría. El peronismo anticipó su aceptación a un cambio en la ley de trabajo, pero con características antagónicas al borrador que trascendió.

Lo que se conoce del proyecto, que el Gobierno busca denominar como una iniciativa de «modernización laboral», circuló en los despachos legislativos en dos tandas. En primer lugar, los diputados -oficialistas y opositores- pudieron acceder a un texto con la rúbrica del Ministerio de Economía. Sin embargo, el viernes tomó repercusión pública un documento de autoría de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En esas dos redacciones convivirían el espíritu de una de las reformas más ambiciosas de Casa Rosada.

”Se necesita para crecer”

«Es una de las importantes reformas que la Argentina necesita para crecer», señaló Ámbito el diputado radical Lisandro Nieri, que anticipó el acompañamiento de su bloque, pero aseguró que primero «requiere un estudio más minucioso en particular de cada uno de los temas».

El mendocino asistió a uno de los encuentros del Consejo de Mayo, el espacio encargado de redactar un texto de consensos. Sin embargo, una vez que el representante sindical de la mesa -Gerardo Martínez, de la Uocra- expuso sus contraargumentos, la gestión nacional remarcó que las opiniones de los participantes no eran vinculantes.

En definitiva, el Gobierno intentará aprobar en la primera etapa de las sesiones extraordinarias -del 10 al 30 de diciembre- el proyecto que cambia el esquema de indemnizaciones y las consideraciones de los juicios laborales. Si no lo logra, se conforma al menos con una media sanción, que sería del Senado: según pudo conocer Ámbito, allí lo presentará Patricia Bullrich, que presidiría la Comisión de Trabajo y trabajaría la iniciativa en simultáneo a que Diputados trate el presupuesto 2026. Luego de eso, la exministra renunciaría a ese puesto y se concentraría en las gestiones para la reforma del Código Penal.

Las sesiones extraordinarias tienen la particularidad de que los proyectos que se debaten pueden ser exclusivamente propuestos por el Ejecutivo Nacional. Luego de ese período y a partir del 1° de marzo, comienzan las sesiones ordinarias: esa es la fecha a la que apunta a llegar Unión por la Patria para poder trabajar su propio proyecto de reforma laboral.

La discusión sobre una nueva ley de trabajo se acrecentó en el peronismo tras las elecciones, hasta que una cumbre entre diputados justicialistas y la CGT la semana pasada terminó de definir los lineamientos de la estrategia parlamentaria. En principio, proponen un rechazo expreso al proyecto oficialista. «Es básicamente la transcripción con algunas modificaciones semánticas del DNU 70/23 ya declarado inconstitucional por la Justicia», dijo Hugo Yasky.

El legislador nacional y referente de la CTA se refiere a la eliminación de las multas por no registrar empleados, la retención de aportes sindicales y la legislación que recae sobre el trabajo en plataformas digitales.

¿Cuál es la contrapropuesta de Unión por la Patria? Aquí es donde aparecen dos puntos principales, que desde el peronismo insisten que tiene que ir acompañado por un incremento del salario mínimo, paulatinamente establecido por decreto por parte del Gobierno, que instaló la política de «aumentos salariales dinámicos».

En ese punto, el justicialismo reflotaría proyectos para la reducción de la jornada laboral y para una nueva legislación que garantice la protección jurídica del trabajo mediado por las nuevas tecnologías, como la prevención de accidentes laborales, el derecho a «la desconexión digital» y la cobertura para los trabajadores monotributistas.