Caso Laurta: piden investigar a funcionarios judiciales por presuntas omisiones ocurridas antes del doble femicidio

La abogada Marina Romano, representante de la querella en la causa por el doble femicidio de Mariel Zamudio y Luna Giardina, pidió que se investigue el desempeño de los funcionarios judiciales que intervinieron antes del crimen, ocurrido luego de reiteradas denuncias por parte de las víctimas.

El principal acusado es Pablo Laurta, ex pareja de una de las víctimas, quien ya había sido denunciado en múltiples ocasiones.

El pedido de la abogada derivó en la apertura de un sumario interno en el Poder Judicial, que incluye a una fiscal y tres ayudantes fiscales. El objetivo es determinar si existieron omisiones o negligencias en la actuación de quienes debían garantizar la protección de las víctimas.

“La víctima efectuó denuncias a lo largo de un tiempo determinado. En mi presentación ante el fiscal (Gerardo) Reyes ya había pedido que se investigara el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron, porque el sistema no protegió a Luna”, afirmó Romano en diálogo con Cadena 3.

Según la letrada, las fallas en la atención de las denuncias y la falta de respuesta efectiva del sistema judicial “le costaron la vida” a Luna Giardina.

“El sistema falló. Pasaron meses en los que estuvo desprotegida. El botón antipánico resultó insuficiente, las medidas burocráticas no se aplicaron con eficacia, y a un hombre que entró al país con armas se le dio una pena de apenas 30 días por desobediencia a la autoridad”, señaló.

Romano valoró que la investigación interna del Poder Judicial “va en el camino correcto” al revisar la actuación de todos los funcionarios, sin importar su rango.

“No se trata de una caza de brujas, pero todos tenemos que dar explicaciones, y más aún quienes juzgan a otros”, expresó.

La abogada comparó el caso con la masacre del barrio Cerveceros, ocurrida en 2006, que dio origen a la Ley de Violencia Familiar.

“En aquella oportunidad, más allá de las condenas económicas al Estado, sólo se sancionó a un par de efectivos policiales. No se puede repetir la historia”, advirtió.

Cuestionamientos a las pericias y la liberación del acusado

Romano también apuntó contra el desempeño de los peritos judiciales que intervinieron en la causa, cuestionando la fiabilidad de las evaluaciones psicológicas utilizadas para determinar el nivel de riesgo del acusado.

“Hay que analizar con cuidado las pericias que se utilizan en casos de violencia de género. Muchas veces son entrevistas formales y de escaso tiempo. Si el sistema cree en la víctima, debe actuar en consecuencia y dejar de lado una pericia que minimiza la peligrosidad del agresor”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la pericia que concluyó que Laurta “no era peligroso” fue determinante para su liberación.

“Liberarlo a los 30 días, sin fijar domicilio ni imponer medidas de arraigo, fue un error. Se lo trató como a una persona sin antecedentes, cuando ya había mostrado un perfil violento y planificaba su accionar”, remarcó.

Revisión del caso y llamado a fortalecer la protección

Finalmente, Romano señaló que la revisión del caso debe servir como punto de partida para mejorar los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género.

“El Estado tiene que definir si va a seguir actuando mecánicamente o si va a evaluar con seriedad el riesgo que corre cada víctima. Porque si no, terminamos dejando a las personas libradas a su suerte, como le pasó a Luna”, concluyó.

El sumario administrativo abierto por el Tribunal Superior de Justicia busca establecer si hubo omisiones o negligencias por parte de los funcionarios que intervinieron antes del doble femicidio y determinar eventuales sanciones.