Psicopedagogos cordobeses presentaron un amparo colectivo por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El planteo se realizó en la Justicia Federal y el fiscal Maximiliano Hairabedián deberá emitir dictamen al respecto. A partir de un caso concreto, se exige que se aplique la ley y se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad a nivel colectivo.
El Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba hizo una presentación en la Justicia Federal para exigir la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), cuya ejecución fue suspendida por el Gobierno nacional mediante un decreto, a pesar de haber sido promulgada por el Congreso.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Carlos Ochoa, quien ya dio intervención al fiscal Maximiliano Hairabedián para que emita su dictamen. La medida fue impulsada a través de un amparo colectivo, con el objetivo de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en particular el acceso efectivo a prestaciones psicopedagógicas y educativas que actualmente se ven afectadas por la falta de cobertura y demoras en los pagos.
De acuerdo a Perfil, la presentación cuenta con el patrocinio por el abogado Gerardo Nieva Allue, y lleva la firma de la presidenta del Colegio de Psicopedagogos, Romina Alejandra Cortés Hormaeche, además de los padres de un adolescente de 15 años con certificado de discapacidad, y tres psicopedagogas que lo asisten: Romina Alejandra Malagueño, Victoria Lucía Pérez y Viviana Quispe Posse.
Un caso concreto y una problemática extendida
El amparo se apoya en un caso puntual, considerado representativo de una problemática generalizada. Se trata de un adolescente que recibe acompañamiento psicopedagógico en el ámbito escolar y en consultorio, con cobertura de la obra social Galeno. Sin embargo, según explicó el abogado, en lo que va del año las autorizaciones son informales, “de palabra”, lo que provoca trabas en la facturación y demoras o reducciones en los pagos a las profesionales.
A partir de este caso “justiciable”, el Colegio solicita que se reconozca la afectación de derechos a nivel colectivo, abarcando a niños y niñas con discapacidad que actualmente ven restringido su acceso a servicios esenciales de salud y educación.
Una ley vigente, pero sin aplicación
La Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad, fue sancionada por el Congreso Nacional a mediados de este año y posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei el 4 de agosto. No obstante, el Congreso rechazó ese veto con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que la norma fue finalmente promulgada.
Pese a ello, el Ejecutivo emitió el Decreto 681/2025, que suspendió su aplicación bajo el argumento de que no existen partidas presupuestarias asignadas.
Desde distintas organizaciones y sectores del derecho se considera que esta suspensión es inconstitucional, ya que desconoce una ley sancionada y promulgada, contradiciendo abiertamente la voluntad del Congreso.
Consecuencias de la suspensión
La falta de aplicación efectiva de la ley genera serias dificultades para quienes dependen de las prestaciones que garantiza. Entre las principales consecuencias, se destacan:
- Las obras sociales sindicales no autorizan nuevas prestaciones.
- Se registran demoras de hasta ocho meses en los pagos a profesionales.
- No se actualizan los valores de honorarios, afectando gravemente a quienes brindan atención.
- Niños, niñas y adolescentes con discapacidad ven comprometido su derecho a la educación y a los apoyos psicopedagógicos necesarios para su desarrollo.
