El Senado aprobó el financiamiento universitario y avanza con la ley de emergencia pediátrica
La norma establece una actualización automática de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación oficial, y ordena convocatorias paritarias trimestrales obligatorias.
En una jornada legislativa cargada de definiciones, el Senado de la Nación dio luz verde a la ley de financiamiento para las universidades públicas. La iniciativa, promovida por bloques opositores, obtuvo 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. La norma establece una actualización automática de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación oficial, y ordena convocatorias paritarias trimestrales obligatorias.
Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la medida, al igual que hizo con los proyectos de mejora jubilatoria y de emergencia en discapacidad, impulsados también por sectores opositores.
El tratamiento del financiamiento educativo no fue el único eje de la sesión. El Senado comenzó además a debatir el proyecto de emergencia pediátrica, que cuenta con media sanción de Diputados. La propuesta contempla asignaciones prioritarias de presupuesto para medicamentos, insumos, infraestructura y personal sanitario, con foco en la atención pediátrica en todo el país. El Hospital Garrahan, símbolo del reclamo por mejores condiciones en el sistema de salud infantil, fue citado como referencia durante el debate.
La norma incluye también una cláusula de recomposición salarial para profesionales de la salud y residentes, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. A su vez, propone eximir del impuesto a las Ganancias las horas extras y guardias críticas, en un intento por retener personal médico en áreas clave.
En paralelo, la Cámara alta también votó la anulación de varios decretos de facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Entre ellos, los que permitieron reformas profundas en organismos como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI. El rechazo de estos decretos marca un nuevo límite al avance del oficialismo sobre instituciones públicas estratégicas.
Mientras el Ejecutivo insiste con una política de ajuste sobre áreas sensibles del Estado, el Congreso, empujado por una oposición articulada, vuelve a marcar agenda en defensa de derechos que habían sido puestos en riesgo. Esta vez, en nombre de la educación y la salud pública.
