El Gobierno eliminó la obligación nacional de realizar jornadas escolares sobre violencia de género
Mediante un decreto, el presidente Javier Milei dejó sin efecto el artículo que establecía la responsabilidad del Estado nacional de garantizar las jornadas “Educar en Igualdad” en las escuelas. Ahora, la organización de estas actividades quedará en manos de las provincias.
Este viernes, el Gobierno nacional oficializó la derogación del artículo clave de la Ley 27.234, que obligaba al Poder Ejecutivo a asegurar la realización de al menos una jornada educativa anual sobre violencia de género en todas las escuelas públicas y privadas del país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 436/2025, y se fundamenta en el criterio de que la educación es competencia de las jurisdicciones provinciales. Según el texto oficial, mantener esa responsabilidad en manos del Ejecutivo nacional es “innecesario” y va en contra del principio de autonomía educativa.
Una decisión en el marco de la Ley de Bases
El Ejecutivo amparó esta decisión en las facultades otorgadas por la Ley de Bases y Puntos de Partida N° 27.742, que le permite modificar funciones estatales durante la vigencia de la emergencia pública.
En su argumentación, el Gobierno sostuvo que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la Ley 24.049, tienen la responsabilidad directa sobre los contenidos y actividades escolares, por lo que no corresponde al Estado nacional imponer jornadas específicas como las de «Educar en Igualdad».
El programa que ya no será obligatorio
La jornada anual “Educar en Igualdad” tenía como objetivo sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la prevención de la violencia de género y promover vínculos saludables y respetuosos en el ámbito escolar. Se trataba de una política pública educativa que, desde su sanción en 2015, venía desarrollándose en distintos niveles del sistema educativo con resultados variados, dependiendo de cada jurisdicción.
Ahora, sin el respaldo de una obligación nacional, la continuidad o no de estas jornadas dependerá exclusivamente de las decisiones provinciales, lo que genera preocupación en sectores educativos y de derechos humanos sobre la posible desarticulación de políticas de concientización en temas de género.
