La motosierra también cae sobre la educación superior
El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, advierte que las universidades atraviesan su crisis más severa desde los años ‘90 y reclama el tratamiento urgente de la Ley de Financiamiento Universitario.
En 2025, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) enfrenta un escenario de crisis financiera agravado por la prórroga por segundo año consecutivo de un presupuesto sin actualización real que contemple la inflación acumulada. Con un presupuesto que se mantiene en torno a los 140 mil millones de pesos, la casa de altos estudios debe sostener más de 11 mil puestos de trabajo, lo que obliga a la institución a profundizar los ajustes y recortes en gastos de funcionamiento. A pesar de la difícil coyuntura, la UNC redirige recursos propios para garantizar la continuidad de servicios esenciales y actividades académicas. En diálogo con Diario Puntal, el rector Jhon Boretto señaló que “el presupuesto está afectado en un 90% a pagar salarios docentes y nodocentes. Así y todo, se suma una pérdida del poder adquisitivo del 30% de esos salarios”.
El rector plantea que si bien los sueldos ya venían siendo bajos actualmente están muy por debajo en comparación con universidades del exterior. “Por ejemplo, un profesor titular con dedicación exclusiva, título de doctor y máxima categoría cobra unos 2.5 millones de pesos. En Panamá, ese mismo cargo cobra 6.500 dólares mensuales”, remarcó.
Además, advirtió que “está paralizado el financiamiento para obras de infraestructura y ha habido una drástica reducción en los recursos para proyectos de ciencia y tecnología”. Frente a esa situación, la UNC dispuso la creación de un fondo de emergencia para garantizar el funcionamiento de laboratorios e investigaciones que no pueden detenerse, como los bioterios o aquellos que requieren insumos importados críticos como el helio.
En cuanto a las obras, el rector detalló: “Estamos usando recursos generados por la propia universidad para sostener áreas vitales. Paralelamente, debimos frenar nuevas obras de infraestructura. Tuvimos que redirigir fondos a necesidades básicas. Solo mantenemos obras de mantenimiento o aquellas ya comprometidas”.
En cuanto al bienestar estudiantil, Boretto destacó que la UNC logró mantener todos sus programas de becas, aunque la demanda ha crecido significativamente. También se concretó la apertura de la residencia universitaria, incluida en el programa de gestión, que busca paliar el alto costo de vida que enfrentan estudiantes del interior. “El comedor universitario funciona a plena capacidad. No podemos ampliarlo por ahora, pero sabemos que si lo hiciéramos, esa capacidad se cubriría de inmediato”, afirmó.
Boretto comparó esta realidad con la de los años ’90, cuando la UNC atravesó un desfinanciamiento severo que limitó seriamente su funcionamiento, y expresó la necesidad de que se concrete una recomposición presupuestaria que permita garantizar la calidad educativa y el desarrollo institucional.
La inversión en educación superior actualmente representa apenas el 0,45 % del Producto Bruto Interno (PBI), cifra muy inferior al histórico 0,8 por ciento. Desde la asunción del actual gobierno nacional los salarios docentes y nodocentes acumulan una pérdida del 100 % frente a la inflación, mientras que el presupuesto asignado para 2025 apenas cubre el 50 % de lo necesario para el funcionamiento pleno de las casas de estudio.
En este marco, la UNC y el conjunto del sistema universitario nacional respaldan el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, presentado en el Congreso el pasado 28 de mayo. La iniciativa, consensuada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, busca establecer un nuevo marco legal que asegure fondos suficientes y actualizados para el sostenimiento de las universidades públicas.
El proyecto propone que la inversión universitaria alcance progresivamente el 1,5 por ciento del PBI en 2031, comenzando con el 1 por ciento en 2026.
También exige la convocatoria a paritarias trimestrales, la actualización automática de los gastos de funcionamiento según la inflación, y la creación de un fondo específico para carreras estratégicas, especialmente vinculadas a vacancias territoriales e inteligencia artificial. Además, incluye el aumento anual de becas estudiantiles y una cláusula que obliga al Poder Ejecutivo a transferir de manera automática una proporción de los fondos nacionales coparticipables al sistema universitario, sin afectar a las provincias.
Después de dos años con presupuestos prorrogados, esta ley se plantea como urgente. “Si no establecemos un piso legal para sostener las universidades, cada año se puede convertir en un campo fértil para más recortes”, enfatizó Boretto. La UNC acompañó el proyecto por unanimidad desde su Consejo Superior e instó a diputados a tratarlo con prioridad.
Para el rector, el discurso del gobierno nacional es claro: todo se subordina al ajuste fiscal. “Cuando hablamos con funcionarios, nos explican que están en un plan de equilibrio”. Ahora, el interrogante es si la motosierra también debe recortar en educación en aulas, en ciencia, en definitiva, en el futuro.
